Se trató la próxima constitución de la Mesa Distrital de Educación, Trabajo y Producción que estará ligada al Consejo Consultivo Regional dependiente del Consejo Provincial de Educación y Trabajo. La idea es que las empresas se beneficien con créditos fiscales financiando capacitaciones y proyectos educativos.
El día martes 10, en el despacho oficial, el intendente municipal, Esc. Walter Torchio se reunió con la Inspectora Jefe Regional, Ana Chávez, y la Inspectora Jefe Distrital, Griselda Mazzieri. El motivo del importante encuentro fue conversar sobre la constitución del Consejo Consultivo Regional y de la Mesa Distrital de Educación, Trabajo y Producción que el gobierno provincial impulsa a través del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).
El fin del COPRET es generar espacios de debate con integración de todos los sectores vinculados al mundo productivo y a la educación técnica, incluyendo a todos los actores sociales vinculados a la producción, tanto estatales como empresariales, el movimiento obrero y de los trabajadores, entre otros.
El intendente considera de vital importancia avanzar en este tema teniendo en cuenta los beneficios que no sólo alcanzan a los sectores del trabajo, industrias y empresas, mejorando la calificación de posibles candidatos a ocupar puestos de trabajo o promoviendo calidad en el desempeño laboral a todos los niveles sino también al camino que lleva a un auténtico proceso de democratización en las decisiones y lineamientos de la política educativa.
MISIONES Y OBJETIVOS
Los objetivos principales del COPRET son:
• Proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local.
• Favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación técnico-profesional integrando las propuestas del empresariado y de los trabajadores, en coordinación con los Niveles y Modalidades.
• Promover la formación permanente de jóvenes, adultos y adultos mayores en las diferentes plataformas y lenguajes de las nuevas tecnologías, en formas de producción, de asociatividad y cooperación que faciliten su incorporación al sistema productivo laboral.
• Asesorar respecto de capacitación con organismos públicos y privados de acuerdo a las necesidades planteadas por una realidad en transformación.
• Contribuir a la vinculación del sistema educativo provincial con los sectores de la producción y el trabajo.
• Administrar el Crédito Fiscal Nacional y Provincial de acuerdo a la normativa vigente con el objeto de favorecer la capacitación y actualización de los trabajadores y el equipamiento de las instituciones de educación técnico profesional.
CREDITO FISCAL
El Consejo Provincial de Educación y Trabajo tiene bajo su esfera la exclusiva misión de gestionar una de las herramientas que el Estado ha puesto en marcha para vincular a la educación con el empleo y la producción: un crédito fiscal que en forma taxativa la ley creó para ser otorgado a aquellos establecimientos industriales que requieran capacitación.
Según prevé el texto de la Ley 10.448, la puesta en marcha de iniciativas que vinculen la educación con el mundo del trabajo implica, asimismo, la posibilidad de que las firmas accedan a un crédito fiscal que luego puede deducirse del Impuesto a los Ingresos Brutos, Automotor y/o Inmobiliario.
Dentro de ese despliegue, una vez que las empresas interesadas y la entidad educativa se ponen de acuerdo, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo es el organismo que asesora, tramita la aprobación del proyecto y hace entrega de los certificados de Crédito Fiscal.
Mientas tanto, en lo que se refiere al nivel nacional, le corresponde a este mismo organismo elevar al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) la propuesta presentada por alguna entidad educativa, para que el INET la asigne a alguna empresa que tenga intención de tomar crédito fiscal y que esté inscripta en su registro.
Entre la escuela y la empresa
El primer capítulo para la puesta en marcha del Crédito Fiscal se inicia con la detección de las necesidades de capacitación que, como se sabe, resultan cada vez más crecientes en nuestro medio a partir del notable aumento en los índices de demanda laboral de parte de las empresas.
Desde esa misma fase, corresponde al Consejo Provincial de Educación y Trabajo establecer el marco adecuado para que las escuelas y las empresas resuelvan su acuerdo en torno al equipamiento que necesitan las primeras y la capacitación que demandan las últimas.
Entre las especificaciones que definen la operatoria resulta indispensable aclarar que entre las contraprestaciones que deben brindar los establecimientos industriales por la obtención del Crédito Fiscal se incluye la obligatoriedad de que el equipamiento “sea siempre incorporado al patrimonio de la Dirección General de Cultura y Educación por la entidad educativa”.
Y en el caso que el equipamiento se instale en una unidad educativa del sector privado, ésta deberá reconocer como titular de dominio a la Dirección General de Cultura y Educación, que podrá disponer, con intervención del COPRET, “de nuevos destinos sin interferir en cursos en desarrollo o de realización inminente”.
Al mismo tiempo, el marco legal también señala que el equipamiento debe ser “nuevo, sin uso”, y que sirva para el desarrollo de acciones o cursos de carácter curricular en las entidades educativas.
