Las denuncias penales realizadas por miembros del Honorable Concejo Deliberante contra funcionarios de la anterior gestión comunal, en el marco de la revisión de cuentas del ejercicio 2011 de la municipalidad local, han creado cierta inquietud que se percibe a nivel político, y da pie a un sin fin de especulaciones.
Con todo, y entendiendo que quienes formalizan esas denuncias lo hacen seguramente en el contexto de las atribuciones que se les confiere a los miembros de ese poder del estado comunal, es de esperar que el efecto que pudieran causar las mismas, no desencadene en una verdadera caza de brujas, en la que se descuiden las formas, se roce la infamia y terminen dañando el honor y el prestigio de las personas.
Nadie puede negarse ni enojarse ante una investigación. Quien ejerce la función pública no desconoce que está sometido al control de sus actos de gobierno, pero quien lo vigila o controla, debe hacerlo desprovisto de todo tipo de especulación de tipo político, y evitar caer en excesos de apreciación que aunque luego sean desvirtuados, reparar el daño se hace imposible.
La sociedad casarense es pequeña y entrelazada, aquí todo el mundo se conoce, comparten el estudio, los juegos, los deportes, las salidas, el trabajo, las familias se fusionan. Cuando en nombre de la política o de los deberes y obligaciones de los políticos se realizan acciones tendientes a corregir presuntos desvíos y se elige a la justicia para que sea el árbitro idóneo que determine las responsabilidades y dictamine en consecuencia, no deben agregarse condimentos que enrarezcan ese procedimiento, que lleven luego a las partes a enfrentarse innecesariamente, y a implementar la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente) en una suerte de venganza que sea cosa de nunca acabar.
Templanza y criterio son virtudes esenciales que deben exhibir los políticos. Al prescindir de ellas se eliminan los contrapesos que rigen el equilibrio que distingue a las buena relación entre los vecinos. Y si eso ocurriera, estamos perdidos.