El famoso 7D que marca como fecha tope puesta por el gobierno para la aplicación de la Ley de Medios, parece que le está haciendo perder la brújula al multimedios Clarín, que en una actitud insólita que va a contrapelo de todo lo imaginable, presentó en la justicia una denuncia contra periodistas por posibles delitos de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada, figuras que contemplan prisión de 6 a 10 años. La denuncia provocó la inmediata reacción de periodistas, asociaciones profesionales y hasta empleados del mismo multimedios, que han considerado la denuncia como atentatoria contra la libertad de prensa, criminalizando al periodismo, intentando meter presos a periodistas por expresar su opinión. El repudio ha sido tan unánime, tan desafortunada se ha visto esa medida, que algunos la consideran un manotón de ahogado, que la misma empresa ha rectificado su denuncia intentando de alguna manera reducir sus negativos efectos.
¿Quien asesoró a los abogados que realizaron la denuncia?. Escuchadas las manifestaciones realizadas por periodistas denunciados, no se encuentra un solo párrafo que permita suponer que realizan incitación a la violencia.
Comparadas dichas manifestaciones con las que día a día en sus ediciones publica el matutino eligiendo como blanco al gobierno nacional y a sus funcionarios, aquellas parecen estrofas de cuentos infantiles. Lo de Clarín no tiene nombre, cargan contra todo lo que pretendieron defender, no lograron una sola adhesión, ni siquiera -como decíamos en un párrafo anterior- de gran parte de sus propios escribas, mientras el resto mantuvo el silencio del miedo.
El 7D pasará lo que deba pasar. El ciudadano común no se corta las venas por ello. Si existe una ley que fue aprobada en el Congreso, ésta debe cumplirse. No es atacando a periodistas e intentando ponerlos presos o asustar al resto, es que se va a lograr que la ley no se aplique. Pero repetimos, son cosas que no afectan al común del pueblo.
