El planteo realizado por vecinos del barrio Santa Teresa en oposición a una obra en construcción que invadiría el espacio público, pone sobre la mesa un problema que no es nuevo y que se repite día a día. Es innumerable la cantidad de construcciones ilegales en los distintos barrios de la ciudad. La mayoría se realizan fuera de los límites de los terrenos de las viviendas, invadiendo en algunos casos groseramente el espacio público, en otros en altura obstruyendo la luz a los vecinos, y en muchos ocasionando problemas con los servicios públicos. Todo dentro de la mayor impunidad, sin solicitar permiso, sin presentar planos, sin importar a quien perjudican. Tampoco desde la autoridad municipal a través de los años se ha respondido a dichas quejas, permitiendo con su pasividad y silencio que ese tipo de situaciones irregulares se repita sistemáticamente.
El Instituto de la Vivienda al hacer entrega de las mismas, puso en conocimiento de los adjudicatarios los alcances del reglamento de copropiedad, cuyas cláusulas se refieren claramente a los impedimentos en materia de ampliaciones y construcciones, los que obvia mente jamás han sido tenidos en cuenta por los beneficiarios de dichas viviendas. Con la reciente protesta pareciera que es el único caso de una construcción ilegal en esos barrios construidos por el Instituto de la Vivienda. Por el contrario, como decíamos más arriba, son múltiples y variadas las infracciones, por las que no se realizaron objeciones públicas por parte de los vecinos, pero sí han sido tenidas en cuenta a la hora de citar ejemplos.
Casos como el que nos ocupáramos recientemente se van a repetir en forma constante y seguramente van a dar lugar a protestas, roces y conflictos entre el vecindario. Es menester por lo tanto realizar inspecciones cotidianas a fin de detectar dicha anomalías y corregirlas cuando aún se está a tiempo. Si bien dichas inspecciones le correspondería al genuino administrador de esos barrios, que es el Instituto de la Vivienda, esperar que ello ocurra sería de ingenuos. Atento a que los vecinos protestan por estos desbordes ante la comuna, sería procedente que tales inspecciones corran por cuenta de ésta, y evitar de esa manera que los vecinos actúen con discrecionalidad, sin consultar siquiera si están encuadrados dentro de lo que permiten las reglamentaciones en vigencia.