DIA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
En cada aniversario del Golpe de Estado, ratificamos la necesidad de educar en la memoria para construir el futuro. La memoria que hoy rescatamos es la condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del pasado. Ejercer la memoria es un derecho inalienable de los hombres y mujeres y una responsabilidad de la sociedad. Si el terror es insidioso, la educación es la herramienta privilegiada de la memoria, el vehículo para que se produzca esa necesaria transmisión cultural de una generación a otra.
De maestros y maestras a alumnos y alumnas, de padres y madres a hijos e hijas, de las personas más viejas a las jóvenes y a los niños y niñas; en esas direcciones y de esa manera, las sociedad pelean por la vida. En cada casa, en cada aula, en las plazas, en las mesas de los bares, un día y todos los días que sean necesarios, recordaremos a aquellos y aquellas que nos precedieron en la lucha por la justicia y por los derechos humanos. Los constructores y las constructoras de una sociedad mejor.
Hoy nos cuenta esa historia negra vivida por los argentinos el profesor de historia
Martín Serra
Se cumple un nuevo aniversario del último Golpe de Estado en nuestro país. Un golpe que debemos reconocer como militar – cívico – eclesiástico. Y tanto ese Golpe, como el Estado terrorista que se implantó con el mismo, tiene muchos aspectos para analizar, debatir y reflexionar, incluso a 47 años de haber sucedido.
En este espacio gentilmente cedido por El Oeste quiero narrar en algunas palabras, y desde una perspectiva histórica, qué pasó aquel 24 de marzo de 1976.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta. El gobierno de facto, constituido como Junta Militar, estaba formado por los comandantes de las tres armas: el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica).
La Junta Militar se erigió como la máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno y designar y reemplazar a la Presidenta y a todos los otros funcionarios.
La madrugada del 24, la Junta Militar en una Proclama difundida a todo el país afirmó que asumía la conducción del Estado como parte de «una decisión por la Patria», «en cumplimiento de una obligación irrenunciable», buscando la «recuperación del ser nacional» y convocando al conjunto de la ciudadanía a ser parte de esta nueva etapa en la que había «un puesto de lucha para cada ciudadano».
El mismo miércoles 24, la Junta tomó las siguientes medidas: instaló el Estado de Sitio; consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales; cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; declaró en comisión a todos los jueces; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas.
Asimismo, para garantizar el ejercicio conjunto del poder, las tres armas se rep
artieron para cada una el 33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales (gobernaciones de provincias, intendencias municipales, ministerios, canales de TV y radios). El país fue dividido en Zonas, Subzonas y Áreas en coincidencia con los comandos del Cuerpo del Ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva sobre aquello que denominaron «el accionar subversivo».
Amplios sectores sociales recibieron el golpe militar en forma pasiva, otros lo apoyaron, otros lo impugnaron y unos pocos lo resistieron. Era una nueva interrupción del marco constitucional –la sexta desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930– que, una vez más, prometía dejar atrás el «caos» imperante y retornar al siempre enunciado y anhelado «orden».
En esta oportunidad, la búsqueda de «orden» supuso comenzar a instrumenta
r un feroz disciplinamiento, en un contexto caracterizado por la creciente movilización social y política. La sociedad fue reorganizada en su conjunto, en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. El método fue hacer «desaparecer» las fuentes de los conflictos.
Desde el punto de vista de los jefes militares, de los grupos económicos y de los civiles que los apoyaban, el origen de los conflictos sociales en Argentina y de la inestabilidad política imperante luego de 1955, estaba relacionado con el desarrollo de la industrialización y la modernización en sentido amplio. Estos sectores afirmaban que se trataba de un modelo sostenido artificialmente por la intervención del Estado. Entendían que esto motivaba un exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero organizado, dispuesto y capaz de defender sus derechos e intereses por diversas vías. En la Conferencia Monetaria Internacional de México, realizada en mayo de 1977, el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, dijo que el cambio de gobierno constituía «la transformación de la estructura política y económica-social que el país tuvo durante casi 30 años».
Desde esa perspectiva para sentar las bases del nuevo modelo «era necesario modificar las estructuras de la economía argentina. El cambio propuesto era muy profundo; no bastaba con un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales; políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad», según escribió Martínez de Hoz en las «Bases para una Argentina moderna: 1976-80».
Para alcanzar este objetivo la dictadura ejerció dos tipos de violencia sistemática y generalizada: la violencia del Estado y la violencia del mercado.
Durante los años del terrorismo de Estado, el poder adquirió formas siniestras, difíciles de entender para muchos de nosotros. Sin embargo, intentar explicar qué ocurrió durante la última dictadura debe ser un ejercicio de recuerdo y de entendimiento que permita construir fundamentos sólidos para la democracia en nuestro país. En éste sentido, también es necesario reconocer la admirable lucha de quienes lo resistieron, y de aquellos que buscaron y buscan, hasta el día de hoy, mantener viva la bandera de la MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
