En la última semana, la nota que hizo CQC al intendente de Pehuajó nos llevó a interminables discusiones sobre la calidad de los servicios esenciales que tienen nuestras ciudades, donde además se suma el aumento tarifario y el derecho a reclamar que tenemos ante el incumplimiento de los mismos. Pero como nada viene caído del cielo, este presente es el resultado de un proceso que hace unos años se dio en nuestras tierras.
De ciudadanos a clientes
Cuando nos dijeron que si privatizábamos ENTEL entraríamos en la era de las comunicaciones eficientes y así se cortaría con la telaraña ingobernable de la burocracia, nos pareció bien. También Obras Sanitarias, YPF y SEGBA debían pasar a manos privadas, porque la rentabilidad necesitaba de otras manos que «manejaran» mejor el servicio público.
Modernización, reducción del gasto público, y sobre todo la necesidad de asumir el pago de deuda en el contexto de crisis inflacionaria, fueron algunos de los mensajes que escuchábamos en programas y noticieros que hacían mella en nuestras conciencias, llevándonos a creer que esa era la puerta al primer mundo. Claro que hubo quienes resistieron, pero no los quisimos oír.
Indemnizaciones que parecían la salvación de muchos trabajadores _que luego pasarían a la cola de desempleo_, el boom importador, las canchas de paddle donde antes funcionaban fábricas, la Ley de Reforma del Estado y de emergencia económica regaladas con desesperación por los partidos mayoritarios al ejecutivo, que nos puso el cartel de «admitido» en ese club que se inició con los acuerdos de Bretton Woods.
¿Por qué volver a recordar esto? Seguramente hay nostálgicos de los años del “Pacto de Olivos”, pero ocurre que cuando nos soltamos las manos para dejar nuestro equilibrio al cuidado de personas a las que no les importábamos, dejamos de ser socios en el estado para pasar a ser «usuarios» o «números de cliente». Y cuando las personas solo son lo que pueden comprar, vale más el que más paga. Y el resto, que se las rebusque.
No pensamos en todo esto cuando vamos a pagar los servicios, puesto que ya nos germinó la semilla del clientelismo, donde se paga para que otro tome las decisiones. Y hace tantos años, que ya nos habituamos.
“Mal, pero acostumbrao”
“Casares es una ciudad chica”, nos decimos, y como aporta menos que otras, en consecuencia tiene menos derecho a exigir. Ni siquiera teniendo un senador en la Legislatura provincial podemos gravitar en los centros de decisión. No tenemos ni cerca el mango de la sartén, quizás ni la sartén. Ahora bien, ¿somos o no somos actores políticos, con plenos derechos, arropados por la ética de la justicia social? ¿Chillar en reuniones familiares es nuestro único ámbito de pataleo?
Ya no nos cabe estar al margen y nos hierve la sangre ante la desidia de quienes administran el agua, el gas, la luz o los teléfonos. Porque esas concesiones las hicimos nosotros, nos callamos, nos gustó mientras se pudiera pagar en cuotas… y a la hora de votar, nos dejamos engatusar por los asesores de imagen que inventaron (e inventan todavía) candidatos populares, con sus buenas mediciones y su fatigosa presencia televisiva.
Si pagar una factura implica dar consentimiento, lo estamos dando. Ese es el modelo de gestión al que estamos acostumbrados. No quisimos asumir la responsabilidad de crear cooperativas eléctricas, de agua o teléfono, no tenemos medios de comunicación públicos y comunitarios y recurrimos a un programa de televisión para visualizar un problema. Tercerizar es como nuestra religión.
Una salida posible
¿Qué herramientas tenemos para defendernos de esta situación que nos genera tales perjuicios? Un proyecto que se encuentra hoy en el HCD que es la creación del Defensor del Pueblo, un ente independiente de cualquier partido o empresa, que «en representación de los 22.000 habitantes» podría dar curso a nuestras demandas, litigar y poner una barrera al atropello de empresas o personas, dar categoría de interés público a problemáticas colectivas, hacer respetar los derechos y proteger a la población vulnerable.
Las soluciones mágicas son para las películas, a nosotros nos toca utilizar todas las herramientas que nos ofrece la democracia, no para adornar una ordenanza sino para mejorar nuestra calidad de vida, y eso es posible si nos arropamos en defender el interés común, que hoy para nosotros significa tomar agua potable, pagar un precio justo o poder comunicarnos.
Flavio AlmánB.