Todo indicaría que las marchas, sean convocadas en forma espontánea u organizadas, siempre que respondan a un interés genuino de los marchantes, son efectivas.
Gracias a las marchas se ha logrado movilizar a autoridades, organismos de gobierno, instituciones policiales, judiciales etc. Y su efectividad ha sido mayor cuando en las mismas no se han infiltrado actores políticos u organizaciones con intereses subalternos, que las desvirtúan, confundiendo a la opinión pública que aún sin marchar pueden adherir a las mismas apoyando la lucha que las motiva.
En nuestra ciudad la gran mayoría de las marchas, salvo aquellas que son una réplica de concentraciones nacionales, tienen que ver con la inseguridad. Sus organizadores, como acaba de ocurrir recientemente, logran concitar el interés de las autoridades locales, de la policía, como así también la adhesión de aquellos vecinos que sin ser víctimas de hechos delictivos, se sienten vulnerables y no exentos de serlo en cualquier momento.
La efectividad de las marchas radica en el llamado de alerta que éstas automáticamente producen. Las autoridades, la policía y la misma justicia deslindan responsabilidades y desnudan falencias no sólo de parte de las instituciones, sino en el sistema en sí, que ya sea por leyes caducas o anticuadas, la mala interpretación de otras o la falta de profesionalidad y compromiso de quienes deben brindar seguridad, forman ese combo que muestran un agujero negro que permite el crecimiento del delito en todas sus formas, el auge de la droga, la desobediencia civil, y ese estado general de indefección y miedo por el que atraviesan las comunidades.
Entre los derechos consagrados por la Constitución Nacional, el derecho a peticionar es uno de ellos y acaso de los más importantes. Es el derecho que tienen las personas a reclamar de las autoridades competentes, cuando razones de interés público, individual y colectivo así lo ameriten. Las marchas precisamente, expresan ese reclamo colectivo, y surgen, acudiendo en queja, precisamente cuando los ciudadanos estiman que quienes tienen la obligación de protegerlos no lo hacen.
Muy distinto de aquellas marchas convocadas con intereses políticos, a veces espurios, que persiguen fines inconfesables aprovechando y aprovechándose de situaciones reales que afectan a la ciudadanía.