El diccionario define a la discapacidad como «La falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona». Es sabido que hay ciertos grados de discapacidad, algunos más graves, otros más leves, y de ello depende el hecho de que la persona discapacitada pueda manejarse por sus propios medios, o no, pueda trabajar, o no, pueda estudiar, o no, pueda sustentarse económicamente o no, y deba depender de por vida de la ayuda familiar, o de un organismo del Estado que vele por ellos. Y una de las tantas formas que tiene el Estado de velar por ellos es la ayuda económica a través de pensiones por incapacidad o invalidez que les dicen.
Valga este prefacio para referirnos a la reciente medida gubernamental de dar de baja a unas 70 mil pensiones por discapacidad, por entender que han sido dadas muchas de ellas en forma discrecional, a personas que aún exhibiendo algún grado de discapacidad, no reúnen las condiciones para ser merecedoras de esas pensiones. Todo ello en un escenario de difusión innecesario que encierra generalidades que provocan angustia, incertidumbre y una suerte de pánico en aquellas personas que por sus discapacidades se ven impedidas de trabajar y no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo económicamente de ellos. ¿Era necesario crear ese escándalo público bajo una pátina de justicia y cuidado de los fondos públicos, cuando si lo que se quería era evitar abusos, se podría hacer en forma silenciosa estudiando caso por caso?. Si es cierto el dicho que de los errores se aprende, esta gente no ha aprendido nada, hace más de año y medio que con la metodología de prueba y error se equivocan sistemáticamente y deben recular una y otra vez, demostrando la torpeza de funcionarios amateurs de la política que ponen el caballo detrás del carro y desatan tempestades donde no debieran, en zonas sensibles que merecen toda la prudencia y la consideración posibles.
Suenan versiones de que nuevamente desandarán el camino y harán las cosas como debieron haberlas hecho. Era de esperar que sea así, la política es un vehículo para generar el bien común, intentando resolver los problemas que se plantean en la convivencia de las personas. La medida tomada parece ser fruto de la antipolítica, es saludable y justo que se revea.