SON MUCHAS LAS VIVIENDAS DE BARRIOS CUYOS MORADORES NO SON LOS LEGÍTIMOS ADJUDICATARIOS
Lo ocurrido días pasados con el desalojo por vía judicial de una vivienda del Bº Plan Federal, muestra que en dichos barrios, los del Plan Federal y otros construidos con anterioridad, los actuales moradores de dichas viviendas no son sus legítimos adjudicatarios. Se dan varios tipos de situaciones. La venta es una de ellas, acaso la más común, alquiler es otra, también préstamo y otras variantes que reflejan que se ha desvirtuado en parte el sentido por el cual fueron construidos esos barrios, que fue el de proporcionar una vivienda a quienes no la tenían ni estaban en condiciones de tenerla. La construcción de dichos barrios fue realizada con una visión netamente social, a fin de solucionar la demanda de viviendas y hacer realidad uno de los derechos fundamentales del ser humano que es el derecho al techo propio.
Es evidente que como dice el refrán, «la culpa no la tiene el chancho…», ya que sin alusión personal alguna, todas las maniobras que se realizaron y se realizan con las viviendas de los barrios, se producen porque el Instituto de la Vivienda no hace bien las cosas, por un lado permite que no le paguen las cuotas, que son miserables, pero el pagarlas refleja el grado de responsabilidad que debe tener aquel al que prácticamente le han «regalado» una casa. Tampoco controla el Instituto si quienes moran en las mismas son sus legítimos adju-dicatarios. Si lo hiciera hubiera descubierto que es altísimo el número de familias que viven en ellas, ya sea porque las compraron (no se esta permitido venderlas), porque las alquilan (tampoco se puede alqui-larlas) o porque las usurparon, una figura delictiva que puede comprobarse fácilmente.
Es común, y en rigor se han dado muchos casos, que familias adjudicatarias se han mudado por cuestiones de trabajo o les fue bien y decidieron adquirir otra vivienda de mayores comodidades y valor. Sería lógico que en lugar de venderlas o alquilarlas en forma ilegal, las dejen para que sean readjudicadas a familias que no tienen un techo propio. Tal vez quien lea esta última frase piense que quien escribe es un ingenuo, pero debiera ser así.
En conclusión: el problema existe, puede haber otros juicios de desalojo y situaciones desagradables. El caso de la familia Giles recientemente desalojada tal vez no se trate de una usurpación en virtud de que el Instituto le readjudicó a esa familia la vivienda en la cual vivían, pero eso deberá que decidirlo la justicia cuando se aporten los certificados correspondientes.